Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Morena propuso en el Congreso una reforma Constitucional para eliminar la seguridad a los exgobernadores y los funcionarios que hayan ocupado cargos relacionados en materia de seguridad pública como los fiscales de justicia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Isidro Vargas Fernández y propone regresar el ordenamiento como estaba hasta septiembre del 2021, cuando la ley otorgaba las facultades para que el ejecutivo pudiera asignar escoltas a los funcionarios estatales.

Actualmente, y después de una reforma aprobada que permite elevar a “rango constitucional” el otorgamiento de medidas de seguridad y protección previstas para servidores y ex servidores públicos, permite que el ex gobernador del Estado tenga hasta 30 elementos de seguridad para él y su familia más cercana que, en este caso, resida en Tamaulipas o en el territorio mexicano.

En total suman 56 agentes que están comisionados para la seguridad del ex Secretario General de Gobierno César Verástegui, al ex Secretario de Seguridad Pública y el mismo Fiscal tendría agentes a su cargo.

De acuerdo a la información que había proporcionado se gastaba un millón 120 mil pesos mensuales en la seguridad de los ex funcionarios y fue una reforma aprobada por la anterior legislatura, a unas semanas de darse el cambio a la 65 Legislatura que actualmente está en funciones.

“Como antecedente, en 2021 en este Congreso se reformó la Ley de Seguridad Pública para asignar al gabinete y gobernador en turno (Cabeza de Vaca) escolta y vehículos blindados para cuando concluyera su administración en 2022, propuesta presentada por el diputado priista, Florentino Sáenz Cobos”, expuso el diputado Isidro Vargas.

La propuesta de Vargas Fernández, busca reformar el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 19 Bis de la Carta Magna del estado, y dejar solamente el texto que garantiza medidas de seguridad y de protección durante el tiempo que los funcionarios permanezcan en el cargo y no como ex funcionarios.

Si bien la iniciativa contiene un mensaje directo para el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la reforma no se propone eliminar esta prerrogativa a quienes ya la tienen desde el primero de octubre del 2022.

Vargas, justificó que cualquier persona, incluido un ex servidor público de la administración pública estatal, tiene el derecho de solicitar, si fuera necesario, el amparo de la autoridad en los términos que prevé la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, al igual que cualquier otro individuo, porque para eso se expidió esa normativa.

“De tal manera, que resulta innecesario que la máxima norma del Estado tenga que prever de manera exclusiva, casi de privilegio, una disposición para que se brinde protección a ex servidores públicos una vez concluida su encomienda pública, puesto que el servicio de seguridad pública, en su máxima expresión, debe ser en beneficio de toda la colectividad, sin distingo alguno”, expone.