Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Los Organismos Públicos Electorales Locales -OPLEs- de las 32 entidades federativas, le pidieron a los diputados federales no desaparecer a los Institutos electorales y les argumentaron las aportaciones y la certidumbre que han dado a la ciudadanía para validar los procesos y las elecciones locales.

Con ello, los Presidentes de los Institutos Electorales en el país entregaron a los Diputados Federales, un documento que concentra las “Aportaciones para la Discusión de una Reforma Político-Electoral desde las Entidades de la República”, en el que se aborda un diagnóstico objetivo, real e integral de las actividades que realizan los OPL y su impacto en el sistema Electoral subnacional, expuso el Consejero Presidente Juan José Ramos Charre.

El documento fue entregado por la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Aseguraron que también los Institutos Electorales Locales, trabajan con autonomía, independencia e imparcialidad para dar certeza a la organización de las elecciones.

Los Consejeros Presidentes de los Oples, detallaron que desde la creación en 2014, los OPL han organizado 57 elecciones para gubernaturas (55 ordinarias y 2 extraordinarias), 153 para la renovación de los ayuntamientos de las entidades y 99 para elegir diputaciones en congresos locales.

“Los OPL han hecho posible la elección democrática, transparente y legítima de 55 mil 336 cargos que han estado en contienda en los últimos 8 años, lo que ha implicado el registro de más de 600 mil candidaturas, en las que se ha observado la inclusión y la progresividad de los derechos humanos a través de diversas acciones afirmativas”.

Para llegar a este resultado, hacen un despliegue de actividades operativas que se requieren, tales como: registro y atención de acciones afirmativas en las candidaturas; diseño, producción, impresión, destrucción y reciclaje del material electoral.

Además de asistencia y capacitación electoral; procedimientos sancionadores, monitoreo de medios de comunicación, debates electorales, cómputos y recuentos distritales, municipales y estatales; registro de agrupaciones políticas, implementación de diferentes mecanismos de participación ciudadana y de actividades que fortalezcan la educación cívica, atención a consultas indígenas y elecciones basadas en sistemas normativos indígenas, entre otras.

Los 32 OPL de la República consideran necesario ofrecer un diagnóstico conceptual, jurídico, técnico y estadístico que contribuya a enriquecer el debate sobre la función que realizan, a fin de evidenciar la trascendencia de sus actividades y de recalcar que su trabajo se ha conducido por la vía del profesionalismo e independencia, apostando siempre a la mejora continua y a la construcción de una democracia sólida.

“La autonomía con la que cuentan los OPL es garantía fundamental de la organización de elecciones confiables”.

“De existir ajustes al sistema electoral mexicano, los institutos electorales locales hacen votos para que las evidencias y datos presentados sean considerados en aras de garantizar la continuidad de elecciones íntegras, con jornadas electorales pacíficas, transparentes y certeras, que doten de estabilidad política a México”.

Señalaron además que las autoridades electorales locales son las más auditadas de la República Mexicana, pues permanentemente están siendo revisadas por entes federales (Auditoría Superior de la Federación), estatales (Auditoría Superior del Estado), así como los respectivos órganos internos de control designados por los congresos locales, además de que el propio Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de vigilar el desempeño de las y los consejeros, pudiendo ordenar remociones ante la existencia de violaciones a los principios rectores de la función electoral.

Destacaron además que los institutos electorales locales recientemente se reunieron con el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de iniciar los trabajos para incorporar su información financiera a la plataforma digital nacional del Sistema.