Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

A pesar de los argumentos que hizo Morena, la aplanadora del PAN y sus aliados, aprobaron un dictamen que obligará a los proveedores del Gobierno del estado, pagar tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, (UMA), que en 2022 significan 288.66 pesos para obtener una constancia de no antecedentes de corrupción.

Ya en la madrugada de este viernes primero de julio y cerca de la una de la mañana, en este pleno del Congreso el diputado Isidro Vargas trató de argumentar la violación que significaba aprobar este dictamen.

Detalló que no puede sustentarse el cobro en la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública, porque la fiscalía general de justicia es un ente autónomo, mientras que los cobros por derechos y servicios sólo pueden establecerse en la Ley de Ingresos.

De acuerdo con la acción legislativa que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la ley de adquisiciones de la administración pública y la ley de hacienda del estado, el costo del documento será un requisito obligatorio para quienes pretendan ser proveedores del gobierno del estado.

Con la carta de no antecedentes penales se pretende identificar el nivel de honestidad, responsabilidad y desempeño de los particulares que han fungido o pretenden inscribirse en el padrón de proveedores estatal o municipal.

“Con la exigencia de dicho documento se fortalece la prevención de actos de corrupción”, asegura el PAN.

En la misma iniciativa, se faculta a la fiscalía general de justicia del estado para aplicar un cobro diario del 0.5 veces el valor diario de la UMA, por el resguardo de vehículos en instalaciones de su propiedad.

El diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, votó en contra de la reforma al considerar que se violentan disposiciones constitucionales y legales.