CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto presentada por diputados de Morena, mediante la cual se propone crear en Tamaulipas un registro público de personas sancionadas por hechos de violencia de género en contra de mujeres y niños.
La propuesta fue presentada por el diputado, Humberto Prieto Herrera, quien argumenta que la medida es urgente porque de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años, han sufrido algún incidente de violencia física o emocional en su actual o última relación conyugal.
El registro de agresores sería responsabilidad del Instituto Estatal de las Mujeres (INM).
Para ello, la iniciativa propone reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Tamaulipas.
Al artículo 20 se le adicionaría la fracción (i), para establecer que corresponderá al Instituto Estatal de las Mujeres, (INM), Llevar el Registro Estatal de Personas Sancionadas por violencia de género contra mujeres y niñas. El Registro deberá ser público y mantener inscritas a las personas agresoras por lo menos durante cinco años. El Reglamento del Instituto regulará la forma de operación y las características del Registro, así como las formas de acceso a la información”.
Prieto Herrera dijo que la creación de una lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no está expresamente prevista en la Constitución, empero, su elaboración tiene justificación en los deberes establecidos en ese ordenamiento y en los tratados internacionales antes referidos, que integran el llamado “bloque de constitucionalidad” conforme a los cuales todas las autoridades incluidas las electorales tienen deberes especiales para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres.
“Por lo tanto, la lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se advierte como un mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección y erradicación de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas conductas.
