Por Arturo Rosas H.
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.
La fracción de Morena en el Congreso del Estado exigió a la Secretaria de Bienestar Social Yalheel Abdala Carmona y al Secretario de Seguridad Pública José Jorge Ontiveros Molina, que expliquen y argumenten sobre el despojo de los Centros de Bienestar que maneja el Ayuntamiento.
La iniciativa fue presentada por la Diputada Gabriela Regalado, durante la sesión de la Diputación Permanente y se votó con dispensa de trámite para hacer llegar este exhorto a las dos dependencias involucradas, en lo que calificaron como un acto de arbitrariedad y abuso contra el Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
Gabriela Regalado, reveló que estos hechos se registraron el 16 de diciembre de este año, cuando incursionaron los funcionarios de la Secretaría de Bienestar junto con un grupo especial de la Policía Estatal de Seguridad Pública, para iniciar el desalojo de estos Centros.
Este acto se cometió en los 6 Centros de Bienestar Social que son usados en el ámbito laboral y económico para los ciudadanos de este municipio y son lugares donde se imparten talleres para impulsar el desarrollo profesional.
Al respecto, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, advirtió que su gobierno va redoblar esfuerzos y no se van a detener para seguir trabajando por la ciudadanía.
“Esto es un agravio hacia los ciudadanos y los vamos a defender como lo merecen” y agregó que las escrituras de estos recintos están a nombre del municipio.
El 16 de diciembre de 2021, autoridades pertenecientes al Gobierno del Estado irrumpieron en estos centros para tomar posesión de ellos, perjudicando a más de 720 ciudadanos que recibían cursos gratuitos que imparte la Secretaría de Bienestar Social.
La Administración 2021-2024, notificó al Estado que el 2018 había vencido el contrato de comodato y que se tomarían acciones para recuperarlos y rescatarlos de la situación de abandono en la que se habían entregado.
Caso contrario, el Gobierno del Estado violó el estado derecho al tomar estos sitios que legalmente no les corresponde y el Ayuntamiento exigirá esta cuestionable orden judicial dictada ante una audiencia que generaron y que no dio oportunidad al municipio de presentarse al no ser notificados.
“Sí sabía el Ministerio Público y el Juez que nosotros somos los propietarios y que tenemos un interés jurídico legítimo de comparecer en esa audiencia”.
