Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

El financiamiento a los partidos políticos en Tamaulipas, no debe tener ajustes o recortes, dentro del proyecto presupuestal que entregó el IETAM al ejecutivo y que deberá ser aprobado a más tardar el 10 de diciembre en el Congreso del Estado.

Juan José Ramos Charre, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, destacó que de los 551 millones de pesos que propuso en el proyecto para el 2022, el 48% de los recursos se lo llevan los partidos políticos en materia de prerrogativas.

“Para nosotros como autoridad electoral, no es una opción, tocar el financiamiento público a los partidos políticos, ese tiene el carácter de irreductible, no podemos tomar recursos para el cumplimiento de nuestras actividades institucionales y nunca lo hemos hecho, pero estará en manos de los legisladores, repensar el manejo y destino del recurso público”.

Dijo que en estos momentos, no es conveniente hacer recortes al presupuesto electoral, tomando en cuenta que 265 millones de pesos se lo llevarán como financiamiento público, los partidos políticos y no irán al gasto electoral.

El dinero para la operatividad del Instituto Electoral, lo que cuesta mantenerlo, tiene una propuesta de gasto de 152 millones de pesos y para la elección de gobernador donde se concentran todos los proyectos adherentes al proceso electoral será de 135 millones de pesos.

Ramos Charre, explicó que las prerrogativas de los partidos políticos tienen el carácter de irreductibles, es decir, el IETAM lo único que hace es efectuar el cálculo de cómo se componen las prerrogativas a los partidos políticos y de tal manera que los legisladores ya observaron que de los 551 millones de pesos, el 48% corresponde a los partidos políticos y el IETAM solo estará encargado de distribuirlo de forma mensual.

Dijo que para poder variar la forma en que se llega al monto de financiamiento, deberá reformarse la Ley Electoral. “En este momento no es un camino a seguir”.

Agrega: “Soy un convencido de la importancia que tienen el financiamiento público a los partidos políticos, sobre el financiamiento privado y cerrar la válvula a cualquier fuente de financiamiento de origen ilícito y para eso, los partidos deben de contar con los recursos suficientes como entidades de interés público para poder cumplir con sus fines y objetivos legales”.