Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Las personas o funcionarios que cometan el delito de “sextorsión” alcanzarán una sentencia de dos a seis años de prisión, revela una iniciativa que presentó la Diputada Patricia Pimentel Ramírez.

Pimentel, propuso la iniciativa para incorporar al Código Penal la figura de “sextorsión” por ser una modalidad de corrupción al solicitar “favores sexuales a cambio de un bien o servicio del estado, aprovechando el poder que confiere ocupar un cargo en una institución”.

La legisladora del Partido Movimiento Ciudadano, asegura que esta figura que podría quedar en el código penal, también se refiere a la difusión de imágenes o videos de índole sexual con la finalidad de provocar un daño emocional o la obtención de dinero para evitar su difusión, pero ampliación más amplia de la sextorsión, incluye esa moneda de cambio de sexo por por un bien laboral.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, son las mujeres quienes más sufren delitos sexuales, tan solo en el 2020 se reflejaron 4,742 casos en mujeres por 433 en hombres.

La sextorsión, si bien la pueden cometer cualquier persona, el destinatario principal son aquellos funcionarios públicos que exigen favores sexuales a cambio de otorgar un beneficio a mujeres trabajadoras.

El artículo 276 Bis establecerá que : “al que aprovechándose de la necesidad de alguien obtenga de este o de un tercero vinculado a él, la cópula para sí o para otro, como condición para el ingreso o la conservación del trabajo, la promoción de este o la asignación de aumento, de remuneración o prestaciones para el solicitante, el trabajador o sus familiares se le impondrá prisión de dos a seis años y de 30 a 120 días multa”.

Cuando el hostigador sea servidor público será cesado de su cargo e inhabilitado por el mismo tiempo que sea sentenciado.

Mencionó que con base en la Asociación Internacional de Juezas definen a la sextorsión como una modalidad de corrupción que se centra en el “abuso de poder para obtener un beneficio sexual o ventaja”, dejando en claro que es una forma de corrupción en la que el sexo, en lugar del dinero, es la divisa para el soborno.

Ante ello, insistió en que la finalidad es de erradicar dicha forma de corrupción y busca adicionar el Capítulo IV TER denominado “Aprovechamiento Sexual” al Código Penal, que los servidores públicos tengan un desempeño de sus funciones con legalidad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia, actuando conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas.