Por: Isaac MOLINA ZAPATA.
TAMPICO, Tamaulipas.
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien subió a Tribuna a dar el posicionamiento de su bancada legislativa en el Congreso de la Unión sobre el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, señaló que el mandatario estatal está viviendo una persecución política por parte del presidente de la República.
Vía telefónica, explicó que un ejemplo muy claro sobre quién debe decidir el desafuero es lo que en su momento decidió la Corte cuando le ocurrió lo mismo a López Obrador, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
“Nosotros tenemos claro que el artículo 111 constitucional tiene un problema de redacción y por eso la dificultad de la interpretación diversa, que según los intereses y según la visión se ha convertido en un galimatías”, añadió.
Abundó que el origen tiene que ver con que este artículo fue redactado en un momento en que esta figura del desafuero estaba decidida por el presidente de la república y casi no se ponía en práctica, “eran motivos de salud, eran razones de ese tipo las que surtían como justificación para tumbar a un gobernador o a un funcionario”.
El legislador perredista destacó que ahora que se requiere dar legalidad a cualquier decisión de este tipo la interpretación del artículo es muy confusa, y es realmente un problema de carácter de técnica jurídica y legislativa, por eso tanto la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados como el Congreso local han solicitado al tribunal constitucional que es la Corte una interpretación que resuelva el problema.
“Y la Corte, estoy plenamente seguro, va a recurrir a sus antecedentes, y en el 2005 cuando se hizo el desafuero contra López Obrador cuando era jefe de gobierno la Asamblea de Representantes que tenía mayoría en ese entonces cuando López Obrador era perredista, le solicitó a la Corte explicara por qué estaba detenido López Obrador, porque la cámara lo desaforó y a la salida de la Cámara de Diputados López Obrador fue detenido y trasladado a la cárcel”, recordó.
Agregó que la Asamblea de Representantes de mayoría perredista le solicitó a la Corte una interpretación de ese artículo porque iba a iniciar el procedimiento de discusión apelando a una interpretación de que era la Asamblea la que le había dado el fuero y por lo tanto la Asamblea se lo tenía que quitar; pero la Corte le respondió que no procedía su recurso de controversia porque López Obrador no era gobernador, porque la Asamblea de Representantes no era una Cámara local como dice el artículo 111 y porque el Distrito Federal no era un estado soberano.
“En ese sentido, ahora que la Corte que ya le dio ingreso a las controversias, la del Congreso le está pidiendo que se justifique la representación de los que firmaron la solicitud, pero no hay duda y nosotros creemos que la Corte va a hacer la interpretación correcta, le va a decir a la Cámara de Diputados y al Congreso local que es el Congreso soberano, que es la Constitución local la que va a indicar el procedimiento por eso nosotros insistimos en que el gobernador anda sin preocupaciones; solo el riesgo de una provocación, solo el riesgo de un manotazo autoritario del presidente que buscaría construir días antes de la elección un ambiente de zozobra, que eso pudiera influir en la elección y que un nuevo Congreso ya buscaría un gobernador interino”, remarcó el diputado federal.
Pero desde nuestro punto de vista y nosotros así lo dijimos muy claramente en la Cámara, el gobernador no tiene dificultades porque el que le dio el fuero donde juramentó el gobernador fue en el congreso local.
Afirmó que lo que está ocurriendo en el caso del gobernador de Tamaulipas es una transgresión de la ley, porque se están violentando garantías del mandatario consagradas en la Constitución, “totalmente sería un manotazo autoritario, desesperado porque la caída de las expectativas de ellos (Morena y el presidente) en el país eran muy grandes; ve lo que hicieron en Nuevo León, inventan contra los candidatos punteros, posibles delitos, carpetas en la fiscalía que finalmente se derrumbaron, están intentando lo mismo en Chihuahua contra la candidata a gobernadora, lo están intentando también en Michoacán, lo intentan en Tamaulipas; es decir Morena y el presidente están desesperados, están dando manotazos, aquí dudo que se animarían a detener al gobernador, la torpeza no creo que les llegue a esos extremos pero hay que andar con cuidado”.
Ortega Martínez fue más allá y aclaró que el “show” mediático de la supuesta información de los EU se tendría que ver en su momento hasta que se termine el mandato del gobernador, “es una nueva artimaña de que el FBI está solicitándole al gobierno información y a cambio está proporcionando información sobre antecedentes de manejos irregulares, creo que el gobernador de manera inmediata reaccionó, sus abogados le han solicitado a la fiscalía y a las autoridades norteamericanas que le proporcionen la información para poder responder y aclarar lo que a su interés convenga, y hasta el momento no ha habido respuesta a esas solicitudes; son artimañas de carácter político y mediático para seguir con la intención de enrarecer el ambiente político y con eso participar en la campaña electoral”.
Por último, Antonio Ortega sostuvo que se están violando algunas garantías del gobernador, “estoy seguro que se están violentando derechos humanos; se está violentando un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia; se está haciendo uso de recursos públicos y del poder público para demeritar a un contendiente político, perseguirlo, y se está haciendo uso desde la presidencia de la república para interferir en la campaña electoral, me parece que es un antecedente gravísimo, ni en el viejo régimen de partido único de estado habíamos visto una intromisión tan descarada, tan desesperada como la que Morena y el presidente están haciendo en Tamaulipas y en varios estados del país”.
