domingo 29 de septiembre de 2024, Ciudad Victoria, Tamaulipas

Vehículos “chuecos” son un grave problema social: Rolando Ramírez

Por: Isaac MOLINA ZAPATA. TAMPICO, Tamaulipas. La indiscriminada internación de vehículos americanos de los denominados “chuecos” o “chocolate”, ha provocado gran afectación a la economía mexicana sobre todo en tiempos de la pandemia, ya que al adquirir este tipo de unidades se deja de consumir en las agencias de autos nacionales, establecidas legalmente y que…
Por Crónica Digital MX
noviembre 29, 2020

Por: Isaac MOLINA ZAPATA.

TAMPICO, Tamaulipas.

La indiscriminada internación de vehículos americanos de los denominados “chuecos” o “chocolate”, ha provocado gran afectación a la economía mexicana sobre todo en tiempos de la pandemia, ya que al adquirir este tipo de unidades se deja de consumir en las agencias de autos nacionales, establecidas legalmente y que generan miles de empleos en el país.

Así lo dio a conocer el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Económico del cabildo de Tampico Rolando Ramírez Monroy, añadiendo que lamentablemente en Tamaulipas circulan miles de estos vehículos con placas de agrupaciones supuestamente campesinas.

Indicó que aparte del daño directo en la disminución de ventas de agencias establecidas en México, existe otro problema más grave aún, que es el no tener un control de estas unidades.

“Lo que seguimos detectando es la internación de estos vehículos en el país, porque no importa cuántos decretos salgan, en 2005 salió uno muy importante y se regularizaron miles de unidades en todo el territorio tamaulipeco a través de un pedimento de importación con su engomado para que se fueran a emplacar a la Oficina Fiscal y desde entonces han salido varios programas de regularización, pero hay mucha gente a la que no le interesa regularizarlos”, señaló.

Simplemente creen que lo mejor es afiliarse a una organización campesina aunque los carros que traen no corresponderían a un campesino, “pero están respaldados por este tipo de organizaciones”.

Por supuesto que la compra de vehículos chuecos o chocolate le afecta a la economía mexicana, y como no tienes un registro de los mismos tampoco tienes un control ni los obligas a tener un seguro en caso de un accidente, y se pueden hasta cometer ilícitos a bordo de estas unidades, abundó.

Ramírez Monroy destacó que siempre va a ser mejor sacar algún programa de regularización para tener precisamente el control y emplacado de estas unidades, a tenerlas a la deriva.

El edil mencionó estar en contra de que se sigan importando ilegalmente los vehículos “porque existen los mecanismos legales para regularizarlos. Nunca se han quitado del 2005 en adelante, uno va a la frontera espera tres días en lo que boletinan el vehículo de que no es robado y con esa certificación lo pueden meter al país como vehículo usado, no son todos los modelos porque hay un tratado de libre comercio que hay que respetar, pero hay unidades en muy buen estado que sí pueden traerse de esa región”.

Dijo que quienes traen este tipo de vehículos incurren en un delito flagrante porque existen las herramientas legales a disposición de todos para que regularicen sus unidades y no lo hacen, “por supuesto, me queda claro, pero no quieren batallar, lo compran en México no quieren regresarse a la frontera, porque así es el mecanismo para regularizarlos”.

Resaltó que un vehículo sin placas -porque portar láminas de la UCD es como si no trajeran placas- “cualquier autoridad de tránsito incluso puede detener esas unidades y por los convenios de colaboración que existen con la SHCP es la Policía Fiscal la que regula el tema de la importación de los vehículos y a la que le correspondería hacer la incautación”.

Aclaró que un tránsito no puede incautar, pero sí lo puede detener, y lo puede llevar a la autoridad correspondiente que es la Policía Fiscal de las Aduanas o a la SHCP.

Por último, Rolando Ramírez sostuvo que la manera de acabar con este problema es obligar a quienes adquieran este tipo de unidades a que las regularicen, “lo único que se necesita es la voluntad de las autoridades correspondientes para aplicar la ley”.

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