México, (Notimex).- La sociedad mexicana no puede permanecer callada ante la violencia contra niñas, niños y adolescentes, por lo que la autoridad debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia sexual, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Destacó que, para hacer frente a ese problema, hay que erradicar toda disposición normativa en interpretación que pueda dar lugar a justificar o tolerar conductas violatorias de sus derechos humanos.

Recordó que la violencia sexual es una de las expresiones más graves de violaciones a los derechos humanos de los menores de edad, ya que afecta el libre desarrollo de su personalidad y deja huellas profundas que pueden derivar en consecuencias lamentables.

Expuso que todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes se pueden evitar, por ello propuso diversas acciones que el Estado mexicano puede llevar a cabo para prevenirla, atenderla y eliminarla.

Propuso transverzalizar el principio de corresponsabilidad de las autoridades e instancias especializadas en la protección de la niñez y la adolescencia; y asignar presupuestos públicos suficientes y con enfoque de derechos para invertir en capacitación obligatoria del personal del servicio público en materia de derechos humanos.

En el marco del Foro “Datos alarmantes sobre el abuso sexual infantil en México: nuevas estrategias para combatirlo”, organizado por el Senado, se destacó que es indispensable establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para denunciar la violencia contra personas menores de edad.

Además la CNDH propuso incluir en todos los niveles educativos programas de educación sexual adaptados a la edad y madurez de niñas, niños y adolescentes para que adquieran conocimientos que les permitan identificar situaciones de riesgo y sepan cómo y a quién solicitar apoyo.

También se debe focalizar la prevención y atención de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia con discapacidad, en centros de asistencia social, en conflicto con la ley, así como en situación de calle, de refugio o desplazamiento forzado interno.

De igual forma sugirió instar a los poderes legislativos estatales a homologar los tipos penales de violación y abuso sexual y sus respectivas penalidades.

Otro tema prioritario es la revisión de los procedimientos de procuración e impartición de justicia para definir estándares probatorios y con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Recomendó diseñar un modelo de atención integral para la rehabilitación de las víctimas y establecer como obligatorio que personas servidoras públicas que trabajan con personas menores de edad estén capacitadas en derechos humanos y detección, denuncia, atención y prevención de violencia sexual.