Por Arturo Rosas H.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

 El cobro extrajudicial se castigará en Tamaulipas con uno a cuatro años de cárcel y una multa de 50 mil a 300 mil pesos, acordaron por unanimidad el pleno del Congreso.

Acordaron establecer en el Código Penal el nuevo delito para los despachos de abogados o empresas que, mediante actos intimatorios o de hostigamiento inicie la cobranza extrajudicial.

Se argumentó que el hecho de que existan despachos de cobranza, empresas establecidas fuera de la ley es preocupante e incluso que instituciones bancarias contraten estos servicios, porque independiente de que haya una deuda, el procedimiento de cobro es ilegal.

Por eso, ahora en el Código Penal se establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien con la finalidad de requerir el pago de una deuda, haga uso de la violencia, amenazas o intimidación en contra del deudor o de alguien con quien éste se encuentre ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval”.

La Diputada Ana Lidia Luévano de los Santos, mencionó que en aras de fortalecer este tipo penal, resultó preciso aumentar la pena cuando se utilicen documentos o sellos falsos, también si incurre en usurpación de funciones o de profesión, razón por la que se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal para el Estado.

“Finalmente, al tener este delito características que causan un agravio totalmente personal, se consideró establecer que sea perseguible a petición de la parte ofendida” agregó.

Los legisladores coincidieron que “es proteger a quien incumple con el pago de las deudas adquiridas, es que se logre que el cobro se apegue de acuerdo a la normas legales establecidas”.
En la reforma, promovida por la fracción de Acción Nacional, los legisladores consideraron que los despachos de cobranza son las empresas que están ejerciendo presión contra los ciudadanos y no había una defensa que pudieran utilizar.

“Se están exigiendo los pagos bajo presión, mediante abusos entre los cuales figuran las visitas y llamadas constantes o en horas inadecuadas, uso de lenguaje ofensivo, simulación de documentos judiciales como cartas y citatorios, amenazas e incluso los llamados “embargos extrajudiciales”.

“Nos resulta importante mencionar, que el derecho de cobrar, sin duda alguna es legítimo, y por esto, nuestra intención no es que los deudores dejen de pagar, sino por el contrario, nos interesa que estos pagos se obtengan de manera legal, legítima y justa, y que el derecho de cobro que posean las instituciones crediticias, sea ejercido a través de los procedimientos administrativos y judiciales que están previstos en nuestras leyes”, expuso por su parte la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez.