Por Arturo Rosas H./ Muro Político.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

 El Poder Legislativo en Tamaulipas tienen más de 163 iniciativas “frenadas” en las Comisiones y contienen reformas y nuevas leyes, sin contar al menos 57 puntos de acuerdos que no han podido destrabar.

Solo al 2018 corresponden 64 asuntos que están en ‘estudio’ en las diferentes comisiones del Congreso del Estado.

Conforme avanzan los días, la Unidad de Servicios Parlamentarios ha decidido ‘clausurar’ el avance en el trabajo de los legisladores y ha permitido que se venzan términos que dejaron a Tamaulipas en un escenario de retroceso.

Como el haber legislado en materia de desaparición forzada de personas y de declaración de ausencia.

Hubo fracciones como el PRI, que presentó iniciativas en tiempo para cumplir con el mandato federal de armonizar la legislación local en estas materias, pero el trabajo de la Unidad de Servicios Parlamentarios ni de legisladores llegaron a Comisiones.

Colectivos y Defensores de Derechos Humanos hizo público este aspecto legal que dejó pasar la 63 legislatura en el Congreso del Estado.

Uno de los puntos reclamados en Tribuna por legisladores y en el exterior del Congreso por juristas y abogados especialistas, ha sido la falta de operación política para que la Unidad de Servicios Parlamentarios promueva desde la Junta de Coordinación Política el envío de las propuestas para nombrar a 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que están pendiente de ser designados desde el 2017.

Hoy existen 2 Magistraturas Numerarias y una Supernumeraria acéfala, aunque desde el Poder Judicial han justificado que el trabajo y compromiso de los funcionarios judiciales permite hacer el trabajo.

Las semanas y los meses han transcurrido y todavía no hay una propuesta que cubra las vacantes e incluso los legisladores como Alejandro Etienne, han señalado desde Tribuna que “si la vía política no ha prosperado, la judicial es un camino que pudiera seguirse para tratar esta omisión”.

Además el Diputado Etienne, junto con el Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas Horacio Ortiz son unos convencidos de la autonomía financiera para el Tribunal Superior de Justicia pero desde el 2017 está frenado todo proyecto formal.

Dentro de las iniciativas que permanecen en estudio, hay aspectos donde se proponen combatir la inseguridad con propuestas de diferentes fracciones pero no hay avance.

Apenas el miércoles se dictaminó que el delito de extorsión se persiga de oficio, en especial por el escenario que enfrenta Tamaulipas.

Hay iniciativas en estudio como el permitirle al Ayuntamiento de Altamira, suscribir un contrato con la empresa PubliPuentes Tamaulipas S.A de C.V para ceder espacios y poder exhibir publicidad por un periodo de 15 años, pero en puentes peatonales que serán construidos y donados por la empresa.

Algunos aspectos en materia de Educación, propuestos por la Diputada Guadalupe Biasi Serrano, adicionar en el artículo 8 de la Ley de Educación de Tamaulipas para “Coordinar con las diversas Autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación en materia de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes.

En el pleno se ha propuesto crear la “Ley del Sistema de Previsión Social de los Bomberos de los Municipios del Estado de Tamaulipas”, debido a que es importante atender necesidades en materia de créditos pensiones, jubilaciones y prestaciones para ellos y sus familias.

La Ley ha sido propuesta por los Diputados del PRI Copitzi Yesenia Hernández García y Anto Adán Marte Tláloc Tovar García.

Han dejado reformas pendientes para reforma el artículo 49 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas para que hoy diga que: “En Materia Institucional, abstenerse de utilizar logotipos, símbolos, lemas o signos que se relacionen con algún partido o asociación política en: a) Documentos oficiales de carácter institucionales. b) Vehículos Oficiales, maquinaria y mobiliario. e) Infraestructura Pública y equipamiento urbano municipal. d) Páginas de Internet oficiales de los Ayuntamientos. e) Publicidad y Propaganda”.

Continúa también en estudio “De Decreto por el cual se derogan los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter y 393, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y se adiciona un capítulo VIII “de la Declaración Especial de Ausencia” al título octavo “de los Ausentes e Ignorados”, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas”.
Lo que el diputado Rafael González, ponente de la iniciativa busca, es que en el Estado se debe armonizar la legislación que corresponda en cuanto al procedimiento de Declaración Especial de Ausencia conforme a los plazos y términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Señala que del estudio comparativo de ambos procedimientos, Ley General y Código Civil, es evidente la complejidad procesal en términos generales exige publicaciones de edictos y la emisión de Declaración de Ausencia se emite, por lo menos, un año después de solicitar la declaratoria, mientras que la Ley General hace más expedito el trámite, pues señala con claridad que el procedimiento no puede ser superior a 6 meses desde que se hace la petición ante el Juez.

Dentro de los Puntos de acuerdo que siguen es estudio son algunos como el presentado por la Diputada Irma Amelia García Velasco por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado a realizar las acciones jurídicas y administrativas necesarias orientadas a la consolidación y aplicación del Convenio – Marco de Coordinación para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Además de proponer a la SET que a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, celebre convenios con Instituciones de Educación Media Superior y Superior, que cuentan con carreras técnicas en materia de servicios para mejoras en las instalaciones sobre mantenimiento y conservación de los centros educativos de nivel básico de la entidad y sean remunerados por dicha actividad.