CIUDAD DE MÉXICO.

 Con sanciones administrativas, pero sin poder aplicar castigos penales, hoy nace en todo el país, el Sistema Nacional Anticorrupción, pero con carencias que lo lesionan, pues sólo Querétaro cumplió cabalmente con todos los requerimientos, mientras que ni la Federación ni el resto de las 31 entidades tienen completas las autoridades que darán la lucha contra los corruptos.

Por disposición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este 19 de julio entran en vigor las nuevas reglas generales para castigar la corrupción, pero sólo a nivel administrativo, con medidas como amonestaciones públicas, multas, despidos, suspensiones e inhabilitaciones, porque la parte penal no será aplicada mientras no exista el Fiscal Anticorrupción, por lo que los delitos relacionados con actos de corrupción se castigarán como hasta ahora.

De acuerdo con el Diario Excelsior, este nuevo sistema obliga a los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero como el Comité de Participación Ciudadana federal no ha emitido los formatos que se deben aplicar, se harán como hasta ahora, con la información que el trabajador decida que debe ser pública.

A partir de hoy existen nuevas reglas que buscan poner fin al uso de familiares por parte de funcionarios para ocultar fortunas y los somete a una revisión periódica para verificar que su patrimonio no sea considerablemente mayor a sus ingresos salariales.

Pero no sólo a nivel federal se incumplió con las reglas establecidas por el Poder Legislativo. Concretada la reforma constitucional, se hicieron las leyes correspondientes y se nombró al Comité de Participación Ciudadana, pero no hay ni fiscal ni magistrados anticorrupción. Tanto la PGR como el propio Tribunal de Justicia Administrativa tendrán que subsanar eso con medidas administrativas, porque el Senado no nombró a esas autoridades.

También los estados incumplieron con la expectativa. La idea fue que para este 19 de julio, en todo el país ya estuvieron en funcionamiento los sistemas estatales anticorrupción, pero el retraso en la aprobación de la reforma constitucional y las leyes respectivas retrasó todo el procedimiento a nivel estatal y salvo Querétaro, ninguno tiene Comité de Participación Ciudadana.

Sólo Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora tienen fiscal, mientras que los estados de México, Morelos, Nayarit, Querétaro y Sonora tienen magistrados anticorrupción.

Chihuahua es la entidad más rezagada, porque ni siquiera tiene reforma constitucional.

Anoche, el Congreso del estado de Baja California aprobó con la unanimidad de 20 votos todo el paquete de leyes en materia anticorrupción; también lo hizo Jalisco; el lunes lo hizo la Ciudad de México; quedaron a deber las leyes los estados de Tlaxcala y Veracruz, quienes apenas hace cinco días aprobaron su reforma constitucional.

Querétaro superó incluso a la Federación en el cumplimiento de las disposiciones en materia anticorrupción. Tiene ya Comité de Participación Ciudadana, fiscal y magistrados anticorrupción, por lo que en la entidad entrará plenamente el sistema que busca combatir la corrupción entre servidores públicos y sector privado, incluso entre particulares que, si bien no son empresarios, sí tienen negocios con el sector privado o con alguna instancia de los poderes Legislativo y Judicial u organismos autónomos.

Comité de Participación Ciudadana sólo hay a nivel federal y en Querétaro. Faltan las 31 entidades federativas.

Como los gobiernos de las entidades federativas se tomaron el tiempo para hacer sus reformas y leyes, no hay un plazo fijo para que cada una de ellas complete las autoridades anticorrupción; es decir, pueden hacerlo en lo que resta del año, o postergar la decisión más tiempo, como lo ha hecho el Senado, que lleva tres años de retraso en el nombramiento del fiscal Anticorrupción.

De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción (del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su corte para este 18 de julio, el cumplimiento de leyes y reformas constitucionales no garantiza la aplicación correcta de las reglas contra la corrupción.

En materia constitucional, su valoración es que sólo los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán tienen un alto nivel de satisfacción en su contenido, acorde con la Constitución.

Y en materia de leyes, que no tiene todas analizadas, dado que todavía ayer se aprobaron algunas, evalúa que Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas tienen un diseño que se apega a los parámetros de las leyes generales.

Con información de Excelsior